el veterano vestiglo para el clasismo sindical

Héctor Recalde, diputado del FPV y abogado de la CGT, ya suma un amontonado pliego de proyectos (ochenta y cuatro), que intentarían alojar la discusión en el parlamento sobre determinadas relaciones laborales.

En la última semana, la movilización legislativa de Recalde sobre el proyecto de ley de su compañero de banca, Dante González, en el cual se estipula que las empresas puedan distribuir sus ganancias entre sus empleados, y además abran la participación de los mismos trabajadores en su directorio, ha generado una abertura de resistencia pública desde los distintos sectores, patronales y sindicales. Los primero con declaraciones alusivas a que “ésta es una clara discriminación que violenta a la propia Carta Magna”, y que "cambia las reglas del juego". Por otro lado, el vetusto posicionamiento de la CTA apoyando la acción cegetista parlamentaria, no sólo contrapone su participación al de la doble cara de la CGT, sino que también la hace víctima voluntaria de ese estilo. ¿Qué tipo de reivindicación trabajadora puede ser ésta, por parte de la CGT, si al mismo tiempo que se la lleva a cabo, desde su reserva de alfaguara contra incendios, se advierte la limitación infrahumana en los pedidos de aumentos salariales en las reaperturas de las paritarias? Siendo estas últimas generadas a partir de la acción de los trabajadores de base para la consecución de un 35% mínimo de aumento. "Los empresarios en la intimidad los califican de "descontrolados"" (Ámbito Financiero 1/6).  Mientras tanto, el empresario conductor de la CGT, Hugo Moyano se pronunciaba en contra de tomar el 35% como parámetro. Asimismo sostuvo que "cada uno tiene libertad para hacerlo pero también tiene la responsabilidad de saber hasta dónde puede llegar" (Clarín 2/6). Está claro que el viciado clima de la cúpula sindical de ambas centrales, no acompaña las pretensiones de los trabajadores en un plan de lucha total. El no acompañamiento por parte de Daer a los trabajadores de alimentación en Córdoba, durante sus jornadas de lucha en todo el mes pasado, son claro ejemplo de la contrariedad de su discurso. Ambas direcciones sindicales representan el vestigio del temor de los burócratas ante el vibrátil ambiente que se extiende sobre sus bases.

  El vicariato alfil de la comunidad organizada

Ahora bien, cuales son los puntos básicos sobre los cuales se centra éste proyecto. Echémosle un vistazo: * Las empresas deberán distribuir entre sus trabajadores un 10 % de las utilidades netas obtenidas al final de cada ejercicio anual  (el proyecto ya viene con un techo sobre el total a distribuir)* Los empleados eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan desempeñado sus tareas por un mínimo de seis meses efectivos de trabajo durante el año, en la parte proporcional (permiso a la terciarización). Además, la norma contempla que para determinar el monto distribuible se tomará como base la declaración que hubiere presentado la empresa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a los efectos del pago del Impuesto a las Ganancias (restringiendo la apertura de los libros contables a los trabajadores) (Convenio Colectivo2/6).

De acuerdo al proyecto, quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:

* Las empresas que se encuentren dentro de los dos primeros años de funcionamiento.
* Las compañías de industria extractiva de nueva creación durante el período de exploración.
* Las instituciones sin fines de lucro.
* Las organizaciones gremiales.
* Las cooperativas.
* Los organismos públicos de todos los niveles de gobierno.
  El filtro sobre quienes se verán afectados por dicha ley, no sólo alimenta el disfraz en los nombres y actividades de las distintas empresas, como sus autoquiebras y nuevas fundaciones con otros renombres, sino también la no distribución en las casas gremiales y estatales de los nacionales y populares, justamente aquellos que se vanaglorian sobre su accionar en la "redistribución de la renta".

De acuerdo a sus impulsores, se pretende que “el trabajador reciba una remuneración que guarde proporción entre el trabajo realizado y los bienes generados”. Dicha participación busca "estimular al trabajador a un mayor interés personal en la producción y en general en los resultados de su labor, incrementando su rendimiento y permitiéndole, además, gozar proporcionalmente de los frutos de su esfuerzo y dedicación”. ( iProfesional.com 31/5). Es decir, como la fábula de la zanahoria delante del burro para que éste camine, la ley encubre la intensificación laboral, cuando en verdad la única manera en la cual el trabajador pueda verse estimulado en su labor y en los resultados de su producción es al tener el control de la misma producción y de la distribución de las ganancias. Cualquier otra ley que no contemple éste principio, atenta contra la real superación de la explotación de los trabajadores.
  Los representantes de esta ley actúan primereando la avanzada de los trabajadores de base en los últimos meses. Su doble discurso y su vespertina acción mediadora retratan su laboreo funcional al Ministerio de Trabajo y a los Kirchner.
  Por el viaducto de la vianda
  Esta sintonía es la que se expande en todos los ámbitos laborales, exigiendo las mediaciones de Trabajo y de la burocracia para frenar las pretensiones reivindicativas a los trabajadores. Desde los patrones del sector privado como del sector público. La filiación de estos es innegable. En un plenario de la regional de la CGT Avellaneda-Lanús de la semana pasada, el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, participó de éste y afirmó, "vine apoyar a todos los compañeros de la CGT, con una gran alegría y orgullo, sabiendo que nos espera por delante un compromiso muy fuerte, con un país que está creciendo y que exige la redistribución de la riqueza”" (APL 3/6). La reacción de vesania ante ésta declaración es inmediata, ya que el mismo intendente impulsó el aumento del ex-ABL en un 25% una semana después de haber acordado en un 20% la suba del salario de los trabajadores municipales.